• Anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.
  • Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre su constitucionalidad, aseguró.
  • La Ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales, enfatizó.
  • Los retos que enfrenta nuestro país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar, dijo.
  • Clausuró la 43ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva sobre la Ley de Seguridad Interior, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 43ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Al anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el Primer Mandatario dio “la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta Ley”.

Puntualizó que durante la discusión y aprobación de esta Ley por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, el contenido de la Ley es inconstitucional.

“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”, precisó.

Dijo que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

Y enfatizó: “soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo Tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

LA LEY DEJA CLARO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE EXIME A LAS AUTORIDADES LOCALES DEL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES

En el evento, realizado en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo Federal destacó que “el espíritu de la Ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas”.

“La Ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades Federales”, mencionó.

El Presidente Peña Nieto aseguró que “uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de nuestros efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas”.

En su momento, dijo, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, en auxilio a la autoridad civil, y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República”.

Puntualizó que “la atribución de intervenir en seguridad interior se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución, desde 1917”.

“No obstante, hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una Ley reglamentaria. La ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos”, refirió. Afirmó que con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión le remitió el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

PARA LOGRAR UNA SEGURIDAD DURADERA SE REQUIERE DEL TRABAJO FIRME, COMPROMETIDO Y CORRESPONSABLE DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

El Primer Mandatario señaló que esta Ley “también nos permite tomar consciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad”.

Además, agregó, “nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”.

Enfatizó que “para lograr una seguridad duradera se requiere del trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales.      Así lo mandata nuestra Constitución, así lo exige la sociedad y así lo ameritan las circunstancias actuales”.

Añadió que los retos que enfrenta nuestro país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”.

Hizo un respetuoso llamado “a la Gobernadora, Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia”.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo que “México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”.

“Sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”, afirmó.

Mencionó que uno de los temas en los que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha centrado sus esfuerzos, “es en tratar de superar la debilidad institucional de las corporaciones de seguridad locales”.

“Hemos tomado importantes decisiones para homologar los procesos de evaluación, profesionalización y actuación de las fuerzas policiales. Por ejemplo, en la sesión anterior se aprobó la puesta en marcha del modelo óptimo de función policial, que nos permitirá mejorar el desempeño de nuestros cuerpos de seguridad y entregar mejores resultados a la población”, añadió.

“Todos conocemos la magnitud del reto que enfrentamos. A pesar del gran esfuerzo nacional realizado, lo cierto es que muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables y eficaces, y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia”, señaló.

“Esta debilidad institucional ha sido aprovechada por organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas, y en ocasiones para intentar tomar el control de esos territorios”, indicó.

Subrayó que “para hacer frente a esa amenaza, desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.

“El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo. Su despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales”, puntualizó.

“En todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los Gobiernos estatales. Hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad. Los soldados, pilotos, marinos y policías federales que han acudido en apoyo de las entidades que así lo han requerido, se han ganado merecidamente el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento de la población que han auxiliado”, aseguró.

EN EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SE HAN TOMADO DECISIONES Y DADO PASOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA ÚNICA RUTA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉXICO MÁS SEGURO: OSORIO CHONG

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que en respuesta a distintos factores que inciden en la situación apremiante que vive el país, hoy este Consejo sumará a la Política Nacional de Seguridad un conjunto de propuestas de la mayor relevancia. En primer lugar, propuso la adopción de un conjunto de medidas para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas de fuego, en coordinación con las autoridades locales y sociedad civil.

Recordó que “como parte de este esfuerzo, en la Sesión previa se aprobó por parte de los gobernadores un exhorto respetuoso a la Cámara de Diputados a aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobadas ya por el Senado desde el inicio de este año, y que tiene por objeto endurecer las penas en los casos de portación ilegal de arma de fuego”.

En segundo lugar, propuso “un paquete de medidas para la prevención y combate a la violencia de género. Un acuerdo para que se investiguen los homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidios, lo que contribuirá a garantizar una justicia más eficaz en este tipo de delitos, y un acuerdo para que los 38 Centros de Justicia para las Mujeres que operan actualmente en 26 entidades, certifiquen la calidad de sus servicios y protocolos de atención a la mujer que ha sido maltratada o violentada”.

En tercer lugar, propuso la creación de un programa para la consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911.

Asimismo, indicó que “en cumplimiento de un acuerdo aprobado por este Consejo, en los próximos días se publicarán los diagnósticos en materia de desarrollo institucional de las policías estatales”. Subrayó que “más allá de contar con un nuevo marco normativo en materia de seguridad, es fundamental que las entidades asuman por completo, y lo antes posible, su responsabilidad constitucional en materia de seguridad que hoy en día realizan, con entrega y patriotismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Osorio Chong destacó que en el año 2012, el Presidente Peña Nieto “instruyó diseñar una política de seguridad con perspectiva de Estado y no de Gobierno. En esa dirección hemos avanzado, dando un trato de prioridad nacional a la prevención y el combate a la delincuencia, diseñando e implementando medidas de largo plazo”, centrándose en la construcción de instituciones, no en ocurrencias o falsas soluciones.

Aseveró que “hoy, los mexicanos pueden estar seguros de que en el Gobierno de la República se han tomado decisiones y dado pasos en la ruta de fortalecimiento institucional, que es la única ruta hacia la construcción de un México más seguro”.

LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR LE HA DADO A LAS FUERZAS ARMADAS EL ASIDERO JURÍDICO QUE HAN BUSCADO Y QUE ERA NECESARIO PARA SU LABOR: ORLANDO CAMACHO, INVITADO PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CNSP

Orlando Camacho Nacenta, invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), exhortó a continuar “fortaleciendo y dignificando a nuestras Fuerzas Armadas, dotándolas de instrumentos jurídicos, como lo ha hecho la Ley de Seguridad Interior, y demos puntual seguimiento, asegurando que se cumplan las condiciones para que las fuerzas civiles tomen el control de la seguridad en las entidades federativas”.

“Tenemos certeza de la urgencia de reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que cada entidad federativa, con plena responsabilidad, lleve a cabo, sin mayor dilación y con el mayor empeño, las acciones necesarias para proveer a sus estados de cuerpos policiales eficaces y eficientes que ofrezcan seguridad, tranquilidad y paz a sus gobernados”, añadió.

Dijo que “ésta, sin duda, es una de las grandes tareas que tienen pendientes los Gobernadores, para que, con la Ley de Seguridad Interior, se concentren a elaborar y poner en práctica una estrategia adecuada en la materia”.

Resaltó que “una realidad también urgente ha sido la de proveer de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas; que no ahora, no a partir de la Ley de Seguridad Interior, sino hace más de 10 años, han estado en las calles y en las comunidades sin asidero normativo. Esta Ley les ha dado este asidero jurídico que han buscado y que era necesario para su labor”.

ES FUNDAMENTAL APOYAR A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, CON CONTRAPESOS Y CON REGULACIÓN DEMOCRÁTICA: MARIO ARROYO JUÁREZ, INVITADO PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CNSP

Mario Arroyo Juárez, invitado permanente de la sociedad civil al CNSP enfatizó: “para mí es una discusión falsa la frase de que el Ejército salga de las calles. Necesitamos al Ejército en las calles, en las montañas, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo, necesitamos a las Fuerzas Federales, porque estamos perdiendo la Nación”.

Es fundamental, subrayó, “apoyar la Ley de Seguridad Interior, con contrapesos, con regulación democrática. Será cada uno de los actores responsables de su promulgación, elevar una controversia constitucional, o una definición judicial, que cada quien asuma su responsabilidad, lo que no podemos regatear, es que son mecanismos que nos hemos dado mediante un sistema democrático que debemos fortalecer y defender”, apuntó.

“Mi invitación es a que le demos la mirada a que Gobierno y sociedad construyamos juntos, desde este Consejo Nacional de Seguridad Pública, la creación de una Comisión de Estado, que en un plazo definido marque la ruta para un nuevo proyecto constitucional de seguridad y justicia, y que incluya, también, el componente de defensa, para que seamos un país digno, donde se pueda vivir sin miedo, con calidad de vida y desarrollando todo nuestro potencial”, concluyó.

En la 43ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual fue moderada por Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, participaron también el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; los Gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

ACUERDOS

Durante la 43ª Sesión, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los siguientes acuerdos:

  • Implementar acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil, conforme a las siguientes líneas de acción:

1.-Fortalecer las medidas de seguridad y resguardo de armas de fuego, en depósitos de armas a cargo de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios, establecidas en las licencias oficiales colectivas y la normatividad aplicable.

2.-Fortalecer la campaña de canje de armas de fuego, en coordinación con las autoridades competentes y mediante la asignación de recursos propios de las entidades federativas y municipios, de recursos federales y de los recursos que se asignen a instituciones de la sociedad civil.

3.-Impulsar, en coordinación con las instancias competentes, los acuerdos, los compromisos y los instrumentos internacionales en materia de prevención de tráfico de armas de fuego.

4.-Difundir, verificar y realizar operativos para supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, que regula las armas, réplica y los juguetes bélicos.

5.-Realizar campañas educativas que induzcan a reducir la posesión, portación y el uso de armas de fuego de cualquier tipo.

6.-Establecer lineamientos para un mejor análisis y explotación de la información criminalística de las bases de datos que permiten registrar proyectiles, casquillos y armas de fuego.

7.-Exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionada con el endurecimiento de las penas, que ya fue aprobada por el Senado de la República.

  • Se acordó que la Procuraduría General de la República y las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
  • Se acordó que los Centros de Justicia para las Mujeres de las entidades federativas deberán certificarse o recertificarse cada dos años. Esto, con base en los 48 indicadores del Sistema de Integridad institucional y de acuerdo a la convocatoria que anualmente emita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo.
  • Se aprobó el Programa para la Consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades federativas y los municipios bajo las siguientes líneas de acción.
  • Se acordó que las instancias competentes de los tres órdenes de Gobierno establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para implementar las acciones que establece la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
  • Se instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades competentes, elabore el Modelo Nacional de Justicia Terapéutica para su implementación en las etapas de procedimiento y ejecución penal, tanto en la Federación, como en las entidades federativas, por conducto de sus procuradurías o fiscalías, con el propósito de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas como un factor que incrementa la probabilidad de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas.
  • Con motivo de la autonomía adquirida por las fiscalías generales de justicia de diversas entidades federativas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública exhortó a éstas a establecer convenios o acuerdos de coordinación en el marco de sus consejos estatales u homólogos, para definir metas conforme a los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional, aprobados por este Consejo Nacional de Seguridad Pública con el propósito de concertar de común acuerdo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México.
  • Se aprobó el establecimiento de la norma técnica de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, y se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a elaborar lineamientos para su implementación, a realizar las gestiones necesarias para que se convierta en una norma oficial mexicana y a diseñar el modelo y marco institucional para que los centros lleven a cabo la certificación de su cumplimiento con base en los criterios y plazos que para tal efecto establezca el Secretariado Ejecutivo.
  • Se aprobó que la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elabore un proyecto nacional de investigación en el Sistema de Justicia Penal, que incluya las fases de investigación inicial y complementaria, contenido de la carpeta de investigación y registro de la misma, para efectos de la medición de la incidencia delictiva.
  • Se aprobó el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se le instruyó para implementarlo en 2018.
  • Se aprobó la conformación de cinco Consejos Académicos Regionales, conforme a los alineamientos que para tal efecto emita el Secretariado Ejecutivo.
  • Se instruyó, finalmente, a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios, elaboren Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza.